NUEVA LEY DE RESPONSABILIDAD JUVENIL.

Este proyecto termino de tramitarse el 12 de octubre de 2005.
Esta ley de responsabilidad juvenil ya fue promulgada.

Ahora lo único que falta para que pueda entrar en vigencia, es que la dotación de recursos humanos, como los fiscales adjuntos y defensores públicos, psicólogos, pedagogos y persona especiales para todos los asuntos que conlleva esta nueva ley e infraestructuras sean lo mas suficientes y adecuadas , se estima según el ministerio de justicia , que todo estos aspectos van a estar abarcados a la fecha del 18 de junio de 2007 , que es la fecha que se tiene para su implementación , por parte del ejecutivo .

Este proyecto además de fijar un inédito sistema de responsabilidad penal para los jóvenes de 14 a 18 años crea instancia de rehabilitación, de seguimiento y protección a los menores, para instarlos a abandonar la delincuencia. Hay que notar que se exige en la aplicación de esta futura ley, tomar en consideración, todos los derechos y garantías de la constitución y las convenciones internacionales de protección al menor.

Para los delitos de robo con homicidio , homicidio con secuestro , homicidio con violación habrá una pena máxima de interacción en recintos cerrados de diez años para jóvenes de entre 16 a 18 años , con la posibilidad que el juez ordene en un régimen semicerrado , en el caso que se acredite , por ejemplo , que su conducta no fue totalmente libre y voluntario , por la influencia de entorno social , donde ha crecido y sigue hoy desenvolviéndose , que puede estar afectado por violencia intra familiar , el uso de drogas y alcohol , o el hecho que estos menores hayan sido utilizados por adultos par a la comisión de estos delitos .

Para los menores de 16 y mayores de 14, el máximo de penalidad por estos delitos será de 5 años de internación en recintos cerrados y también se podrá optar por un régimen semicerrada, aplicando también las anteriores consideraciones.

En el caso de los delitos cuya se pena se encuentre entre los 541 días a tres años se incorpora la figura de libertad asistida , donde los menores tendrán que prestar un servicio a favor de la comunidad , estando estos guiados por monitores que se encargarán de hacer un seguimiento que permita al joven abandonar la vida de delincuente .

Además se incluyen programas de prevención, rehabilitación de alcohol y drogas y la obligación que el mencionado monitor incorpore al joven a la vida escolar.

En caso de delitos flagrantes, las policías de carabineros e investigaciones deberán poner a los menores a disposición del juez de garantía en un plazo máximos de 12 horas. El menor solo podrá declarar ante un fiscal con la asistencia de un abogado defensor, para poder así garantizar un derecho fundamental, como es la igualdad ante la ley, concretizado en igualdad ante la justicia, para poder así evitar que el menor se vea desprovisto ante el tremendo aparataje de auxilio a la justicia penal, que tiene el estado, como son los fiscales, y puedan de esta forma tener igualdad de condiciones para someterse a un proceso.

Este mensaje nació de un mensaje del ejecutivo e ingreso a la cámara de diputados el 6 de agosto de 2002.

En esta nueva ley se hace un esfuerzo de ajustar sus normativas a las prescripciones que conforman la convención de los derechos del niño en el cual se considera a los menores de entre 14 y 18 años, sujetos de derecho plenamente responsables de sus actos, sin embargo por tratarse de personas en pleno desarrollo se les debe otorgar un trato especial, que debe ser distinto al que se le da a los adultos en materia penal.

Las legislaciones que han adoptado, tienen una regulación que se caracteriza, fundamentalmente en los siguientes rasgos:

-Se sujeta a las formas especiales de administración de justicia juvenil a todos los menores de 18 años y mayores 14 años

-Se propone un sistema alternativo de sanciones y reparaciones, que evite en lo posible el uso del sistema represivo estatal, como amonestaciones, reparaciones a los daños de la victima.

De acuerdo a los cálculos efectuados en julio de 2005, el ministerio público requerirá un aumento de dotación en más de 180 personas, entre fiscales, ayudantes de fiscal, técnicos.

Es necesario recalcar que van a aumentar los gastos por parte del Sename par a mejorar los sistemas privativos de libertad.

En resumidas cuentas para que esta ley entre en vigencia el estado tendrá la obligación de invertir en un orden de 40.000 millones de pesos.

Claudio Conejeros, Secretario JDC Comunal La Serena